Lima endeudada, ¿para qué?, por Mónica Muñoz-Najar
“Tras la emisión de bonos se aprobó una lista de 23 proyectos a ser financiados, los que, en su mayoría, no cuentan aún con expediente técnico, pero más allá de ello, ¿cuáles son esos proyectos? Usted, amable lector, ¿los conoce?”.
Todos podemos entender que, en muchas ocasiones, se necesita tomar deuda para poder lograr un objetivo: comprar una propiedad, un vehículo, invertir en un negocio. De hecho, un buen manejo financiero, muchas veces, implica endeudarse. Un principio básico en estos casos es estar seguro de que lo que se vaya a financiar con la deuda sea la mejor alternativa para las necesidades que se tengan, requisito aún más importante cuando la deuda es significativa y nos acompañará muchos años.
Desde que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció, en julio del año pasado, su intención de ejecutar más de 40 proyectos viales financiados mediante la emisión de deuda, se ha dado una serie de acciones e intercambios de opiniones entre diversas instituciones y expertos.
A la fecha, la MML concretó en diciembre una operación de deuda por más de 1.000 millones de soles y podrá endeudarse por hasta 3,5 veces sus ingresos anuales gracias a una reciente disposición del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Necesidades de Lima
Lima, la ciudad más poblada del país, enfrenta una serie de desafíos significativos. La falta de acceso a servicios básicos como el agua potable es una preocupación importante.
Según el INEI, más de 1,2 millones de personas en Lima carecían de acceso a agua potable en 2023. Además, la pobreza y la anemia en niños menores de 3 años ha aumentado en la ciudad, afectando a 1 de cada 3 niños en el año 2023.
Sumado a lo anterior, la inseguridad ciudadana también es un problema, afectando al 32,3% de la población, mientras que la congestión vehicular en Lima es la más alta de toda Latinoamérica, según la Asociación Automotriz del Perú.
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La gestión de una ciudad tan compleja representa un desafío monumental, especialmente considerando la maraña burocrática del Estado peruano y las limitaciones de recursos para implementar mejoras.
Gestionar soluciones
Qué puede y qué no puede hacer una entidad pública es limitado y, por eso, si se quieren atender las necesidades de una población, se debe hacer de manera táctica, siguiendo una estrategia que se centre en las acciones que funcionan mejor, respaldadas por evidencia de que hayan solucionado problemas antes o en otras ciudades, o países. Por ejemplo, para el caso del problema del tráfico y congestión vehicular, ¿es la mejor respuesta al tráfico de la ciudad la construcción de mayor infraestructura? ¿De qué tipo debería ser esta infraestructura? ¿Bajo qué modalidades se realizarán las contrataciones necesarias? ¿Cuál es el cronograma? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es la fuente de financiamiento? ¿Cómo se va a mantener lo desarrollado en los próximos 20 años?
Es cierto que Lima enfrenta múltiples necesidades que requieren una inversión adicional de recursos, pero es igualmente cierto que cualquier acción debe ser meticulosamente diseñada, planificada, comunicada y evaluada antes de abordar la cuestión del financiamiento.
Es preocupante observar cómo una municipalidad se endeuda a largo plazo con tasas de interés elevadas. Por ejemplo, los bonos emitidos en diciembre pasado tendrán un período de pago extendido hasta el 2049, con un costo 10,1% más alto que las tasas obtenidas por el MEF solo unos meses antes en otra operación de endeudamiento. Sin embargo, el debate solo de la deuda resulta insuficiente.
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¿Deuda para qué?
El comportamiento irresponsable de la comuna metropolitana al momento de definir tomar una deuda multimillonaria, comprometiendo los recursos de las próximas seis gestiones municipales, yéndose en contra de las opiniones expertas iniciales de diversas entidades, podría verse parcialmente justificada si los proyectos que se fueran a financiar fueran los mejores proyectos posibles que van a solucionar los problemas centrales de la ciudad, ¿es ese el caso?
A mediados del 2023, la Municipalidad Metropolitana de Lima señaló que se tenían 42 proyectos viales a financiar, de esa lista la Contraloría emitió un informe de control previo señalando una serie de observaciones, entre las que se daban cuenta de la existencia de proyectos duplicados, terrenos sin sanear y expedientes incompletos. Tras la emisión de bonos de diciembre se aprobó una lista de 23 proyectos a ser financiados con esos fondos. Los proyectos, en su mayoría, no cuentan aún con expediente técnico, pero más allá de ello, ¿cuáles son esos proyectos? Usted, amable lector, ¿los conoce?
Endeudarse de forma responsable
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Especial para América Latina (Cepal) han estado recopilando lecciones y buenas prácticas en gestión fiscal de los gobiernos subnacionales durante las últimas décadas. Esta labor se ha vuelto crucial debido a los problemas de insolvencia financiera que afectaron a varios gobiernos locales y provinciales en América Latina durante la década de los 90 e inicios de los 2000, especialmente en países como Argentina, México y Brasil.
En respuesta a estas crisis, se implementaron ajustes que demandaron recursos del Gobierno central y planes de reducción de gastos en las jurisdicciones afectadas. Lamentablemente, los perjudicados directos fueron los habitantes de las provincias, quienes vieron limitada la atención de los servicios públicos durante muchos años mientras se llevaba a cabo el proceso de ajuste. Además, el resto de ciudadanos del país también resultaron afectados, ya que terminaron asumiendo, a través de sus impuestos, la deuda de las provincias insolventes. Esto se debe a que el Gobierno central siempre debe intervenir, ya sea pagando directamente la deuda o proporcionando transferencias adicionales al gobierno subnacional para que pueda operar mientras cumple con sus obligaciones financieras.
De las lecciones aprendidas más importantes se encuentra el control del Gobierno central a los límites de endeudamiento y las capacidades para una buena gestión financiera, pero también que los proyectos o acciones a financiar sean sólidos, transparentados y socializados.
Es fundamental que la población esté informada sobre el destino de la deuda y, en gran medida, esté de acuerdo con ello, ya que los resultados, ya sean positivos o deficientes, tendrán un impacto significativo en su bienestar en las décadas venideras.
Gastar en el sector público involucra mucha más responsabilidad que en el sector privado justamente, entre otros motivos, porque el que toma la decisión no siempre se ve directamente impactado. De hecho para las autoridades municipales, sin posibilidad a reelegirse en el Perú, existen incentivos a hacer proyectos rápidos, que les den réditos políticos (y a veces económicos) y no pensar en el futuro, en las soluciones duras y difíciles. Por eso es que existen reglas fiscales, por eso los sistemas administrativos del Estado ponen normas de contratación, de gasto, de ejecución. Lo que necesitamos de nuestras autoridades es una mayor responsabilidad y más transparencia. Es lo mínimo que deben ofrecernos.
* Economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes).
Coordinadora de Proyectos y Políticas Públicas de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES). Docente de la Universidad del Pacífico. Magíster en Economía de la UP con experiencia en el sector público y el desarrollo económico. Se ha desempeñado como presidenta del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana.