Los congresistas que movieron los hilos contra la Junta Nacional de Justicia
Operadores. El Parlamento está a un paso de destituir a los miembros de la JNJ. Tras la suspensión de la fiscal Patricia Benavides, cinco congresistas jugaron un papel clave en la arremetida contra los magistrados: Montoya, Medina, Muñante, Chirinos y Moyano. La dos últimas están en mira de la Fiscalía.
Los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) -la institución que nombra, ratifica y sanciona jueces y fiscales- está al borde del abismo: el Congreso votará esta semana la destitución e inhabilitación de sus magistrados. Esta situación es la consecuencia de una serie de ataques -mociones, denuncias y proyectos- en los que cinco parlamentarios han jugado un papel determinante: Jorge Montoya y Alejandro Muñante, de Renovación Popular; Esdras Medina, ahora no agrupado; Martha Moyano, de Fuerza Popular y Patricia Chirinos, de Avanza País.
El autor de la denuncia contra la JNJ
El jueves 7 de marzo, el informe final que recomienda destituir e inhabilitar a los miembros de la JNJ será sustentado por la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Lady Camones, de Alianza para el Progreso (APP). Antes, el ponente fue Esdras Medina. Sin embargo, la agrupación de Medina, Unidad y Diálogo, quedó con cuatro integrantes tras la renuncia de su colega Luis Cordero Jon Tay. Con ello, dejó de ser bancada y Medina quedó como no agrupado. Debido a ello perdió el encargo de delegado.
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Ha pasado desapercibido el origen de esa denuncia. El autor de la acusación que ha puesto cuesta arriba a la JNJ es el congresista de Renovación Popular (RP) Jorge Montoya. En mayo del 2023 interpuso este recurso contra los magistrados, debido a que esta institución permitió que la jurista Inés Tello conserve el cargo pese a superar los 75 años. La ley orgánica de la JNJ señala que la edad solo es un requisito para postular, pero no para la permanencia.
Pero Montoya les imputó infracciones a la Constitución a todos los magistrados. Con ello dejó en claro desde el principio que el objetivo no era investigar delitos, sino impulsar un juicio político. Este tipo de procesos no necesitan, en realidad, de que los congresistas demuestren que los acusados cometieron algún ilícito, sino que, desde la subjetividad, determinan quién vulneró la Carta Magna. Y la máxima sanción de un juicio político es la inhabilitación de la función pública.
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La moción que fracasó
En diciembre, luego de que la JNJ decidió suspender a Patricia Benavides como fiscal de la Nación por medio año, el colega de bancada de Montoya, Alejandro Muñante, presentó una moción para la remoción inmediata de los magistrados. El argumento de Muñante fue que existió un conflicto de interés. El congresista alega que los juristas Imelda Tumialán, Antonio de la Haza y María Zavala debieron inhibirse porque la entonces titular del Ministerio Público los investigaba por supuestamente haber presionado al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para que la Corte Suprema se pronuncie en contra de la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos.
Aquel rumor fue desmentido por el propio Arévalo en la Comisión de Justicia, a la que pertenece Muñante. Pese a eso, insistió.
La moción del parlamentario no llegó a discutirse en el Pleno porque la legislatura terminó. El titular del Congreso, Alejandro Soto, no la amplió, lo cual fue denunciado por Montoya y Muñante, quienes luego recolectaron firmas sin éxito para la convocatoria de un pleno extraordinario.
El juicio político
Y no fue Muñante el único que presentó una moción contra la JNJ. Su colega Esdras Medina también, luego de la suspensión de Benavides, presentó una para que la Comisión de Justicia realice una nueva investigación sumaria contra los magistrados. Su pedido tampoco prosperó. Luego Medina volvió a la carga y planteó otra moción para la creación de una comisión investigadora sobre las afirmaciones de Jaime Villanueva.
Este pedido solo incluye investigar las declaraciones de Villanueva referidas al periodista Gustavo Gorriti, los fiscales Pablo Sánchez, Rafael Vela y José Domingo Pérez, pero omite las delaciones contra sus colegas como Martha Moyano y Patricia Chirinos. Su moción plantea que esa comisión esté conformada por ocho congresistas de diferentes bancadas, pero hasta la fecha aún no es puesta en agenda del Pleno.
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Antes de que presente esas dos mociones, Camones le encargó a Medina ser el delegado en la denuncia constitucional de Montoya contra la JNJ por el caso Inés Tello. El 15 de diciembre Medina le envió un pliego de preguntas a los magistrados. En ese documento, el legislador evidencia que tiene una postura definida sobre ese hecho. El presidente de la Junta, Antonio de la Haza, lo recusa por eso y, además, porque Medina apoyó la investigación sumaria contra esta institución, lo cual, a criterio de De la Haza, refleja que adelantó opinión antes de elaborar su informe final y eso vulnera el debido proceso.
Pero la Subcomisión cerró filas y resolvió que no existía adelanto de opinión. Camones respondió que todo congresista tiene derecho a plantear hipótesis y por ello no procedía la recusación.
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Moyano y Chirinos
El ánimo de destituir e inhabilitar a la JNJ gira sobre el caso Jaime Villanueva, donde la fiscal Patricia Benavides es investigada por organización criminal. La señalan de haber jugado en pared con el Congreso.
El viernes salió a la luz que la fiscal suprema Delia Espinoza incluyó a 14 congresistas en su indagación, entre ellos a Patricia Chirinos, de Avanza País, y Martha Moyano, de Fuerza Popular.
Chirinos fue la primera congresista en presentar una moción para iniciar una investigación sumaria con los magistrados. Villanueva declaró que esa maniobra fue coordinada entre él y la legisladora.
Entre los argumentos utilizados por Chirinos para pedir la remoción de la JNJ, figura el mismo con el que Montoya realizó su denuncia constitucional: la permanencia en el cargo de la magistrada Inés Tello, pese a haber superado los 75 años.
Y en este intento de destitución e inhabilitación a los consejeros, el fujimorismo también ha jugado un papel protagónico. Una de las alfiles de Keiko Fujimori, Martha Moyano, demanda la remoción de los magistrados y suscribió una moción para crear una comisión que reforme el sistema de justicia en 45 días.
Villanueva también coordinó con Moyano la inhabilitación de la fiscal Zoraida Ávalos, quien le resultaba incómoda a Benavides en la Junta de Fiscales Supremos. El exasesor, apodado ‘El Filósofo’, confesó ante la Fiscalía que la congresista de Fuerza Popular (FP) lo hizo ingresar por una puerta secreta del Congreso. Así no dejaron rastro de las reuniones. “Coordiné con la congresista Moyano en 2022 lo de la denuncia de Pedro Castillo, sus votos para archivar la denuncia contra Patricia Benavides; coordiné con ella la inhabilitación de Ávalos”, afirmó Villanueva.
Keiko Fujimori salió en defensa de Moyano. El trasfondo es que la congresista también le pidió a Benavides la salida de los fiscales del caso Lava Jato Rafael Vela y José Domingo Pérez, quien investiga a Fujimori por lavado de activos y organización criminal.
La propia Moyano reconoció que esa solicitud la envió a través de Villanueva, ex brazo derecho de Benavides. “Sí, sí le mandé el mensaje con Villanueva”, dijo en una entrevista en Willax TV.
Así jugaron el fujimorismo y sus bancadas aliadas en defensa de Benavides y contra la JNJ.
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El rol que tienen Perú Libre, APP y Fuerza Popular
El líder prófugo de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se ha mostrado a favor de destituir a los miembros de la JNJ. La Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos incluyó también a Cerrón en la investigación por presunta organización criminal contra Patricia Benavides. Le sindican haber cometido tráfico de influencias. Villanueva ha asegurado que la fiscal Patricia Benavides y Cerrón coordinaron un intercambio de favores.
El partido de César Acuña, Alianza para el Progreso (APP), a través de su secretario, Luis Valdez, y su vocero, Eduardo Salhuana, se mostró en diciembre pasado en contra de remover a los miembros de la JNJ. Sin embargo, el juicio político contra los magistrados ha sido apoyado, hasta ahora, por los legisladores de APP. El jueves 7, quien sustentará la acusación contra la JNJ será la presidenta de la SAC, Lady Camones, congresista de APP.
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, solo cree una parte de la declaración de Villanueva: la que señala al periodista Gorriti y los fiscales Vela y Pérez. Por eso el fujimorismo los ha denunciado. Pero cuando se trata de las afirmaciones que involucran con la red de Patricia Benavides y mencionan a Martha Moyano, la hija del exdictador Alberto Fujimori asegura que se tratan de mentiras. Básicamente cree lo que desea creer.
Bachiller en Ciencias de la Comunicación y egresado de la Maestría de Periodismo y Comunicación Multimedia. Siete años como cronista parlamentario.
