Exfuncionaria municipal de San Isidro habría pedido S/200.000 para “arreglar” informe “en la Contraloría”

Una colaboradora eficaz, asociada a las investigaciones que la Fiscalía realiza contra el exalcalde de San Isidro Augusto Cáceres y otros exfuncionarios de la Municipalidad, reveló que la exgerenta de Gestión Ambiental del municipio Cecilia Loayza Pinedo solicitó la suma de 200.000 soles a Rojas Robles y Lozano Mozambite, representantes del consorcio San Isidro Verde para “recibir ayuda desde adentro de la Contraloría General de la República”. “(Ellos) le iban a ayudar a solucionar los problemas con la auditoría y las acciones de control de OCI”, precisó la testigo.

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De acuerdo a las indagaciones de la Fiscalía, Loayza Pinedo “solía mencionar que iba a reunirse con sus amigos de la Contraloría para tratar el tema de la investigación seguida por el OCI de la municipalidad y que estos le ayudarían”; y, por ello, “en diversas ocasiones se retiraba y dejaba encargado a Flores Barriga”.

La declaración de la testigo eficaz, quien también es parte de los imputados, fue recogida y expuesta por el fiscal adjunto Luis Alberto Medina Rodrigo, de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción. Esto, durante la audiencia de solicitud de 18 meses de prisión preventiva, realizada el 7 de diciembre de 2022, contra el exalcalde Augusto Cáceres y funcionarios del municipio de San Isidro por la presunta comisión del delito de colusión agravada y cohecho, en relación con la suscripción irregular de un contrato con el consorcio San Isidro Verde para licitar el mantenimiento de las áreas verdes del distrito.

Los exfuncionarios de la comuna de San Isidro involucrados son Nancy Ninapaitán Delgado, gerente municipal; Manuel Enríquez Anaya, gerente de Ética e Integridad; Mariella Hidalgo Carrera, gerente de Administración y Finanzas; Esther Baylor Salvador, subgerente de Logística; Cecilia Paola Loayza Pinedo, gerente de Gestión Ambiental y Etni Flores Barriga, subgerente de Gestión Ambiental.

La República se comunicó con la Contraloría General de la República para conocer si, luego de las afirmaciones de la colaboradora de la Fiscalía, habían iniciado un proceso interno de investigación. A lo que respondieron que “no se ha recibido información ni requerimiento alguno sobre el particular”.

Firman contrato tras destitución irregular de jefe OCI

El 19 de julio de 2021, el jefe del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad de San Isidro, César Javier Cesías López, emitió el Informe de Hito de Control N.° 021-2021-OCI/2165-SCC, en el que advirtió “una situación adversa” en el proceso de licitación del servicio de mantenimiento de áreas verdes de uso público del distrito.

Según el informe, en el proceso de selección se otorgó la buena pro al Consorcio San Isidro Verde, pese a no acreditar, “en su integridad”, ni la documentación ni los requisitos de calificación. Además, la empresa presentó documentación inexacta.

Por esa razón, la OCI recomendó informar a las autoridades y funcionarios encargados del proceso de adjudicación; así como al titular de la entidad municipal, quien debía comunicar, a la Comisión de Control, las acciones preventivas y correctivas que se tomen ante las observaciones.

El 22 de julio, tres días después de emitir el informe, Cesías López fue rotado de su cargo por padecer presuntamente de asma; lo cual lo colocaba en la población de riesgo de la COVID-19. No obstante, luego de demostrar que su condición de asma era leve, Cesías fue repuesto en su cargo, el 9 de septiembre de 2021, con Resolución de Contraloría N.° 183-2021-CG.

Sin embargo, “extrañamente, al momento que le llega el documento (de la destitución), se firma el contrato de los parques, que él ya no podía observar porque ya no estaba en el cargo”, declaró, para La República, Antonio Tarazona Ramón, general colegiado de la Confederación de Trabajadores Municipales del Perú (CTMP).

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Efectivamente, el 3 de agosto de 2021, la municipalidad de San Isidro suscribió el contrato con el Consorcio San Isidro Verde, a pesar de que no se levantaron las observaciones y de que los miembros del comité del concurso, mediante la carta 08-2021, señalaron que se debe proceder con la nulidad de la buena pro.

A un día de destituir a Cesías, Ninapaitán Delgado emite el memorándum 461-2021, dirigido al gerente de Administración y Finanzas, con copia a la Subgerencia de Logística, en el que dispone: “Con carácter urgente, sírvase efectuar las acciones que correspondan respecto a la nulidad del referido concurso público”.

Todo esto, sumado a las afirmaciones de la colaboradora eficaz, ha llevado a la CTMP a denunciar una presunta relación entre los altos mandos de la Contraloría y los exfuncionarios como Loayza Pinedo. "No solo destituyeron a Cesías y lo tuvieron ahí sentado sin ningún lugar de destino, sino que también abrieron procesos administrativos contra los supervisores de control y la oficina se quedó sin personal; esto hizo que la auditoría y el trabajo de auditor se realice más lento", denunció Tarazona, quien también es secretario de Defensa del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Isidro.

Por su parte, la Contraloría respondió que es “absolutamente falso” y que, por el contrario, “la acción de los órganos de la Contraloría General, en este caso de la Gerencia Regional de Control de Lima Metropolitana y el OCI de la MD San Isidro, han permitido evidenciar y alertar desde el mes de julio de 2021 sobre hechos o situaciones con riesgo potencial de irregularidades relacionados con el contrato para mantenimiento de áreas verdes, a través de la emisión de cuatro informes de control simultáneos en el marco de nuestras funciones”.

“Dichos informes han sido insumo esencial para que el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado de Lima, de la Corte Superior de Justicia de Lima, ordene, en noviembre del 2022, la prisión preventiva de nueve (9) funcionarios y/o servidores involucrados en este caso”, remarcó la entidad que preside Nelson Shack.

Auditoría culmina y se espera acusación penal

En abril de este año, la OCI de la Municipalidad emitió el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 002-2023-2-2165-AC, en el que ratifica irregularidades en el otorgamiento de la buena pro al Consorcio San Isidro Verde y concluyó que existe responsabilidad penal y administrativa de 10 funcionarios de la comuna de San Isidro.

En la auditoría también se detectó que se contrató servicios de mantenimiento de sistemas de riego tecnificado, a pesar de que este ya era parte del contrato del servicio de mantenimiento de parques. 

“El informe de auditoría ya ingresó a la Fiscalía el 20 de abril, y solo estamos a la espera de que la Fiscalía se pronuncie para reiniciar las investigaciones”, aseveró Tarazona.

El Órgano de Control de San Isidro recomienda a la Procuraduría Pública “iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de las observaciones con el fin de determinar las responsabilidades que correspondan”. En esa línea, Tarazona Ramón informó que están a "la espera de que la Fiscalía se pronuncie para reiniciar las investigaciones”.