Juan de la Puente: "El gran hecho, hoy en día, en el mundo, es la pérdida de la intimidad"

Así como el Gran Hermano de la novela de George Orwell, la tecnología está presente en todas nuestras actividades y nuestra huella queda permanentemente registrada sin que reparemos en ello. ¿Hay posibilidades de ser anónimo en esta circunstancia? ¿Qué tan peligroso es que nuestra información sea manejada por terceros sin que apenas nos enteremos? El politólogo Juan de la Puente reflexiona sobre estos temas en su libro: La humanidad vigilada, ¿el fin de la intimidad? (Fondo Editorial USMP, 2023)

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¿Tienes cuenta en Facebook, Twitter e Instagram?

Sí, en las tres tengo.

¿Y a quién dirías que le pertenecen tus datos? ¿a ti, a Zuckerberg o a Elon Musk?

Desde la perspectiva contractual, mis datos son míos. Solo que en esa misma perspectiva contractual los datos también están en poder de las Big Tech. La discusión está sobre el uso que las Big Tech podrían hacer de esos datos. Por ejemplo, agregarlos y entregárselos a una empresa privada o a un Estado. Ese es el eje de la discusión

¿Y para eso no hay una regulación? ¿A dónde van a parar esos datos?

La legislación universal señala que esos datos no deberían ser agregados, pero en una buena parte de países, excepto la Unión Europea, que establece una vigilancia mayor, esos datos pueden ser de libre circulación.

En las conclusiones del libro tú lanzas una frase apocalíptica: “Usted es vigilado, videovigilado, electrónicamente espiado, seguido, monitoreado, y sus datos íntimos, que tiene derecho a guardar en reserva, son registrados de manera ilegal”. ¿Cómo deberíamos reaccionar? ¿Deberíamos entrar en pánico?

No, pero deberíamos preocuparnos porque esta idea antigua del Gran Hermano, que establece una especie de enorme panóptico contra la opinión de la gente, se ha transformado en una suerte de panóptico pero con la complacencia del vigilado.Entonces, existe una entrega voluntaria de datos y también una entrega forzada de datos. Por ejemplo, tú no puedes acceder a una red social si es que no dices que estás de acuerdo con todas las condiciones.

Este es un proceso muy complejo donde de lo primero que habría que ser conscientes es de la ultravigilancia, por distintas razones, la vigilancia electrónica, que implica el acopio de tus datos, la geolocalización y la videovigilancia, aunque estos dos últimos tienen un efecto muy positivo. La geolocalización, por ejemplo, sirve para luchar contra el delito y la videovigilancia también.

O contra la pandemia.

Claro, pero el problema está en la regulación para evitar excesos. El gran hecho hoy día, en el mundo, es la pérdida de la intimidad clásica, del secreto y de la vida privada fruto de esta ultravigilancia y eso debería ser un elemento para tomar consciencia.

Tú decías que entregamos voluntariamente nuestros datos. ¿Hasta qué punto somos responsables de que nos espíen?

Existe un nivel de responsabilidad personal, claro. Pero también existen los riesgos. No hay un control real, una regulación que sancione efectivamente el acopio de tu información y su venta. El caso de Analytics en Estados Unidos es un caso grande y en ese caso sí hubo sanción, pero el mundo está salpicado de pequeños casos en los cuales los datos son apropiados y los datos son vendidos.

Y en este mundo que está hiperconectado, ¿es posible evitar ser vigilado? Por ejemplo, tú lanzas un dato en el libro. Dices que en China hay 650 millones de cámaras en las calles, casi una por cada cuatro personas. Es casi imposible pasar desapercibido.

Si la pregunta es si es posible controlar, regular, y reducir la ultravigilancia, yo creo que es posible y el camino que ha usado la Unión Europea es un camino interesante empoderando a las oficinas, a las agencias de control de datos. En el Perú existe regulación, solo que nuestra Agencia Nacional de Protección de Datos Personales es una agencia que tiene poco peso institucional.

Quiero insistir con el tema de la videovigilancia. Antes de empezar me diste algunas cifras sobre el Perú.

Yo calculo que una persona en Lima que se encuentra en la vía pública, de modo contínuo o descontinuado, cuatro horas al día, podría ser grabada y filmada entre 400 y 450 veces por las cámaras públicas, prescindiendo de aquellas que están en las áreas privadas. Si uno anda en auto probablemente sea filmado entre 250 y 300 veces. Es un volumen alto. Lima está dentro de las 150 ciudades más videovigiladas del mundo.

¿Eso es malo per se?

No, porque creo que hay razones para que exista esa videovigilancia. Pero también hay problemas. El primer problema se encuentra en la cadena de mando, quién controla esos datos, quién archiva esos datos y quién les da uso.

Los noticieros de las mañanas tienen entre 30 y 40 minutos de exposición de todos esos hechos filmados por las cámaras de videovigilancia, lo cual significa que hay un acceso...

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Lo cual es muy bueno para los periodistas...

Sí, pero así como se entregan esos datos, también debería haber una cadena de custodia. Otro tema es el asunto de las competencias entre la municipalidad y la PNP. En el caso de Huancayo, por ejemplo, hace pocos meses el municipio decidió controlar sus cámaras y y gestionarlas porque considera que la Policía no es competente para eso. Y hay distritos de Lima donde los vecinos ya se han organizado para tener sus propias centrales de monitoreo, uno de ellos es San Juan de Miraflores. Tiene su central de monitoreo y ahí ya no vale la ley de la videovigilancia, porque no hay ningún tipo de control.

Tú dices que una persona debería tener el derecho de ser anónima, ¿existe ese derecho en el Perú?

Teóricamente sí. Si uno interpreta el derecho a la identidad, el derecho a la intimidad y a la imagen, propia podría entenderse que tenemos derecho a ser anónimos, pero existe también el derecho a anonimizarse, es el derecho a que uno puede solicitar la supresión de su información personal de una base de datos, pero para eso, esa base de datos tiene que ser identificada y el procedimiento tiene que ser fácil. Esto está dentro de lo que se denomina el capitalismo de la vigilancia, que según Byung-Chul Han, este filósofo coreano - alemán, aquí lo que está en venta son los datos de las personas, a diferencia del capitalismo a secas donde lo que se venden son los cuerpos.

Cuando empezó la pandemia el mundo vio con sorpresa como la tecnología podía servir para rastrear personas y evitar los contagios. Los primeros casos fueron los de Corea y China. Aparentemente era una buena idea, pero ya no estamos en pandemia.

Bueno, hay países como China donde la geolocalización se ha llevado a cabo antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. Incluso, de modo experimental, China tiene el modelo del crédito social. Es decir, una persona es monitoreada, también sus tarjetas de crédito, es filmada en la calle, sus teléfonos son registrados. O sea, toda su vida y sus compras son registradas y por eso se le adjudica un puntaje.

Un buen ciudadano, con alto puntaje, puede tener determinados beneficios, como por ejemplo pagar menos o no pagar el transporte público. Pero un ciudadano que reclama demasiado o que compra alcohol y cigarros podría tener menos puntuación. France 24 documentó el caso de un periodista que denunció actos de corrupción y fue incluido en una lista negra de un bajísimo crédito social, de modo que incluso se le impedía poder desplazarse de una ciudad a otra.

Eso es el Gran Hermano.

Digamos, en términos ya casi continentales. Por cierto, Naciones Unidas en el mes de octubre llamó a los estados a que supriman los datos que habían acumulado de los ciudadanos durante la pandemia. El único país que yo tengo entendido que ha procedido a suprimir esos datos en América Latina es Argentina.

Hay muchos países que controlan el acceso a internet entre su población. Esa es la otra cara de la moneda.

Son los países más cerrados, es cierto. Podríamos estar hablando de China, de Corea, probablemente Irán, Afganistán".

¿Cuba también?

Cuba también. Pero hay otros países en los que se usa el mecanismo de acopio masivo de datos de ciudadanos. Es el caso de Venezuela, Telefónica de Venezuela ha tenido la buena costumbre en los últimos años de publicar sus reportes y ahí tienes un dato. A solicitud del Estado se intervino más de 860 mil números telefónicos durante 2021. Y desde 2016, la empresa recibió del estado venezolano más de 1,5 millones de solicitudes de intervención y rechazó 21 mil peticiones.

Pregunta final, ¿qué tan protegidos estamos los peruanos de los ciberdelitos?

Muy mal protegidos. La Defensoría del Pueblo hizo el año 2022 un informe en el que demostraba la enorme carencia del aparato del Estado para enfrentar los ciberdelitos. De hecho, el 58% de las denuncias se archivan porque no es posible identificar al infractor por falta por falta de recursos tecnológicos. Luego, tenemos muy pocas ciudades donde donde hay divisiones para delitos informáticos de la Policía Nacional.

Solo están en cinco ciudades.

Sí. Finalmente, es muy bueno que en los últimos años se hayan instalado en el Perú fiscalías sobre delitos informáticos y me parece que los pocos avances que hay tienen que ver con que existan esas fiscalías pero aún no tenemos juzgados especializados.